La despenalización del accidente de tráfico preocupa a víctimas, abogados y aseguradoras.

La reforma del Código Penal, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, establece la eliminación de las faltas contempladas en la vigente normativa penal, calificando determinadas faltas como delitos leves.   El problema surge con determinadas faltas que no han sido equiparadas a la nueva denominación de «delitos leves», en concreto las imprudencias leves que causen lesión ya no se encontrarán reguladas y perseguidas por el derecho penal.

Imprudencias leves – Accidentes de tráfico.

La gran parte de accidentes de tráfico eran considerados como imprudencias leves y por ello se perseguían por la vía penal, a través del denominado Juicio de Faltas.  Con la presumible futura regulación la mayoría de accidentes de tráfico con lesionados dejarán de perseguirse por un proceso penal, y deberán tramitarse por la jurisdicción civil en el supuesto de no alcanzar acuerdos amistosos con las aseguradoras.

Organizaciones de Víctimas de accidentes de tráfico.

Las organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico han mostrado su preocupación por la futura despenalización de gran parte de los accidentes de tráfico con lesionados, ya que dichas organizaciones se encuentran alarmadas por el fuerte impacto social que se va a causar, al trasladar a la sociedad que la mayoría de imprudencias cometidas al volante, que causen lesionados, no van a merecer ningún reproche penal.

Aseguradoras.

Así mismo las aseguradoras se muestran intranquilas con la nueva regulación penal, ya que el gobierno pretende privatizar los accidentes de tráfico. En el supuesto de aprobación definitiva de la normal penal las aseguradoras se verán afectadas económicamente, ya que no se podrá acceder a los informes forenses y a los informes de atestados de manera gratuita, debiendo ademas hacer frente a las famosas tasas judiciales aprobadas también por el actual Ministro de Justicia.

Valoración de la reforma penal por Cumlex Abogados.

Como despacho que centra su actuación en la defensa de particulares víctimas de accidentes de tráfico, nos preocupa en exceso la reforma del Código Penal planteada en el Ministerio de Justicia por los siguientes motivos:

1) Como bien advierten las organizaciones de víctimas de accidentes de circulación, el impacto social que se provoca al trasladar a la sociedad que la mayoría de imprudencias cometidas en la circulación de vehículos con lesionados no sean perseguibles por la vía penal es muy negativa. Pudiendo provocar una relajación en los conductores, al ser conocedores que gran parte de las imprudencias nunca serán perseguidas penalmente.

2) Nos encontramos totalmente a favor del actual proceso penal, ya que ha quedado acreditado que es un procedimiento que funciona. Una vez planteada la denuncia por el lesionado, el Juzgado solicita un informe de sanidad al médico forense, que es quien valora las lesiones producidas por el accidente. Una vez que las partes tienen acceso al informe forense se trasladan ofertas entre las mismas y en un elevadísimo porcentaje se llegan a acuerdos indemnizatorios. Esto sucede porque en la mayoría de estos expedientes la dinámica y culpabilidad del accidente no se discute, existiendo únicamente controversia en  la valoración de las lesiones sufridas por las víctimas, con el informe forense esto se suele superar, ya que un perito médico objetivo y adscrito a un Juzgado valora dichas lesiones sin intereses de parte. Con la valoración y el baremo de tráfico existente se solucionan una gran mayoría de dichos expedientes.

3) Con la reforma planteada por el gobierno, entendemos que se aumentará en exceso la intervención de los juzgados. Las partes aportaran informes periciales contradictorios en cuanto a las lesiones, no existiendo una primera valoración gratuita y objetiva de un médico forense. Aumentando considerablemente la litigiosidad de este tipo de asuntos. Y sobrecargando más si cabe la jurisdicción civil, que en estos momentos se encuentra cercana al colapso por falta de medios y personal.

4) Si las aseguradoras se quejan por el aumento de los gastos más deben de hacerlo los particulares. Las personas lesionadas por la actuación negligente de un conductor, deberán hacer frente a un proceso civil con un aumento considerable de gastos con respecto al proceso penal, debiendo hacer frente a costes de procuradores, peritos, y tasas judiciales (casualmente el Ministro de Justicia aprueba esta reforma posteriormente a la aplicación de las discutidas tasas judiciales), aparte de los gastos de abogados que ya asumían en el proceso penal (compensado en la mayoría de ocasiones por el seguro de defensa jurídica / reclamación de daños) . Siendo las víctimas de accidentes de tráfico los grandes perjudicados por la reforma, ya que para verse resarcidos por las lesiones padecidas deberán sufragar costes elevados así como asumir una prominente demora en la resolución de sus expedientes, por la sobrecarga que padece la jurisdicción civil.

La reforma del Código Penal entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el BOE tras su paso por el congreso. Por tanto aún estamos a tiempo para que el Gobierno recapacite y modifique la reforma y no proceda a despenalizar las denominadas imprudencias leves.

Si quiere ampliar información puede visitar nuestra área de especialización: www.cumlexabogados.com/accidentes-de-trafico-alicante/

 

 

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